La interdependencia es la nota característica de la relación entre políticos y funcionarios. Así lo hemos explicado en el artículo anterior. A modo de resumen, recordamos lo que apuntamos en él: suponer que la función pública es neutral y no politizada debe matizarse, ya que se está erosionado considerablemente debido al crecimiento del control político sobre la burocracia; no solo acerca de los nombramientos, también sobre los procedimientos. Ahora pasaremos a analizar algunos aspectos relacionados con ello, y en particular en el caso de España.
El año 1918 del siglo pasado marca el comienzo del fin de las cesantías, con la aprobación del Estatuto de Maura. De todos modos, el cambio más significativo vendrá de la mano del Estatuto del Empleado Público, vigente desde el año 2007, que finiquita el modelo francés de administración pública. Esta nueva normativa, sin embargo, coincidirá con un progresivo aumento de la politización en todos los niveles de la administración.
O dicho de otra forma:
Los cargos administrativos no son ciertamente políticos pero se encuentran politizados en la medida en que se exige de ellos una actitud políticamente positiva. Ya no pueden ser, por tanto, imparciales, o mejor dicho, pueden serlo legalmente, dado que siguen siendo en principio inamovibles, pero, habida cuenta de la discrecionalidad a que está sometido su destino, han de atenerse a las consecuencias de su actitud»
(Fuente: Alejandro Nieto, El desgobierno de lo público, Ariel, p. 198).
Esta politización se evidencia en su dinámica diaria. Así, muchos de esos políticos —y sus asesores, no lo olvidemos— han preferido tomar decisiones por su cuenta y riesgo, en detrimento del trabajo técnico de los funcionarios. El cometido de estos funcionarios, por tanto, quedará minimizado y se limitará a facilitar después la cobertura legal necesaria.
En la actualidad, los cargos políticos en nuestro cuerpo administrativo son cinco: ministro, secretario de Estado, subsecretario, secretario general y director general. Junto a estos, existe una miríada de asesores que, recordemos, cesan cuando lo hacen también esos altos cargos a los que deben esa posición dentro de su círculo político más cercano.
Cara y cruz de los asesores
Esta proliferación de asesores se origina, de forma latente, para poder controlar la administración y a los funcionarios de turno, y evitar así posibles bloqueos de información o de alguna iniciativa política. Consecuencia directa será la aparición de tensiones o diferencias entre ambas partes: los asesores carecen de autoridad jerárquica sobre el cuerpo burocrático pero en la práctica actúan como si la tuvieran.
Surge, con todo, la pregunta: La presencia de estos asesores políticos, ¿es buena o mala para la gestión de una administración, ya sea la de un ministerio, una consejería en una autonomía o, en el nivel más cercano, para la función de un ayuntamiento?
La visión más optimista sostiene que la presencia de estos asesores es totalmente legítima: aconsejan al político y complementan el trabajo de los funcionarios para optimizar las decisiones políticas. Sus detractores, en cambio, los ven con otros ojos. Consideran que son una amenaza para la imparcialidad de las políticas públicas, al tiempo que usurpan la potestad ejecutiva debido a su acceso privilegiado a las altas capas del poder.
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